Un posgrado de 220 horas para quienes litigan o gestionan reclamos por derechos sociales. Está dirigido a abogados independientes, magistrados, funcionarios, trabajadores judiciales y equipos de organismos públicos y organizaciones sociales, y a profesionales de disciplinas afines.
Salud y medicamentos, vivienda, educación, alimentación, ambiente sano, servicios públicos, trabajo informal y derechos de las mujeres y otras identidades de género: un universo de derechos exigibles donde las personas afectadas suelen estar en situación de vulnerabilidad. Las acciones judiciales individuales y colectivas se volvieron la herramienta para cubrir lo que las políticas no garantizan.
Actualización jurídica y jurisprudencial con perspectiva de derechos humanos y entrenamiento en remedios procesales y litigio estratégico, a partir de la experiencia de un equipo que coordina Alejandra Gils Carbó e integran, entre otros, Marisa Herrera, Dora Barrancos y Horacio Corti. También analiza por qué las instituciones latinoamericanas cumplen poco las normas que protegen los derechos más básicos. La cursada combina encuentros sincrónicos semanales y actividades en el campus virtual.
Título de grado académico o equivalente, de una carrera de al menos cuatro años, otorgado por una universidad nacional, pública o privada, o por una institución extranjera acreditada.