Diplomatura en Derecho, Gestión y Política Ambiental
- Duración
- 6 meses
- Modalidad
- Semipresencial
- Sede
- Resistencia, Chaco
La Diplomatura en Derecho, Gestión y Política Ambiental de la UNCAUS une tres miradas sobre el mismo problema: las normas que protegen el ambiente, los instrumentos con que el Estado lo gestiona y los conflictos que se abren cuando esas reglas chocan con la producción y el territorio.
Contenidos
El artículo 41 de la Constitución, el federalismo ambiental y la Ley General del Ambiente, la evaluación de impacto y el ordenamiento territorial, el Acuerdo de Escazú y la participación ciudadana, el amparo y el litigio ambiental estratégico, el daño ambiental y los delitos ambientales, los bosques nativos y el agua, los agroquímicos y los residuos, los territorios indígenas, el cambio climático y la mediación en conflictos socioambientales.
Modalidad y destinatarios
Es híbrida: combina la plataforma virtual de la universidad con encuentros presenciales cada quince días en la sede de Resistencia, más tutorías, foros y resolución de casos. Se dirige a abogados, funcionarios públicos, integrantes del Poder Judicial, asesores legislativos, organizaciones sociales y empresas que trabajan en temas ambientales.
Plan de estudios
- Fundamentos del derecho ambiental y evolución del paradigma ambiental
- Constitución, federalismo ambiental y presupuestos mínimos
- Instrumentos de política ambiental
- Democracia ambiental: información, participación y derechos de acceso
- Litigio ambiental y acceso a la justicia
- Responsabilidad ambiental, sanciones y sistemas de control
- Derecho de los recursos naturales y conservación ambiental
- Regulación ambiental de actividades productivas
- Ambiente, territorios indígenas y derechos colectivos
- Cambio climático y transición ecológica
- Ambiente, empresa y sostenibilidad
- Conflictos socioambientales y mediación ambiental
Requisitos de admisión
Profesionales del derecho, funcionarios y trabajadores del sector público nacional, provincial o municipal, integrantes del Poder Judicial, asesores legislativos, organizaciones de la sociedad civil y actores del sector privado que intervienen en asuntos ambientales o de gestión territorial.