Impulsada por el Ministerio de Justicia de la Nación en el contexto de la implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal, esta diplomatura se dirige a operadores judiciales, abogados litigantes y especialistas en derecho penal que deben adaptar su práctica al sistema acusatorio.
El eje está puesto en las diferencias de prueba, práctica y proceso entre el sistema inquisitivo y el acusatorio, y en la lógica del litigio penal en audiencias orales conforme a los principios adversariales. La práctica profesional se trabaja con talleres, simulaciones, análisis de casos y exposiciones orales, y el Trabajo Final Integrador lo evalúa un tribunal docente.
Título de grado universitario en Abogacía, de una universidad legalmente reconocida.